El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva etapa de su agenda de desregulación al enviar al Congreso el proyecto conocido como “Ley de Hojarascas”, una iniciativa que propone eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas, innecesarias o incompatibles con el marco constitucional vigente.
El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y retoma una propuesta que ya había sido presentada en 2024 pero que perdió estado parlamentario. La nueva versión amplía el alcance del análisis y busca avanzar sobre un problema estructural del sistema legal argentino: la acumulación de normas que, lejos de ordenar, generan trabas, costos y distorsiones.
Según detalla el texto oficial, la iniciativa revisa legislación vigente desde 1864 hasta la actualidad y establece seis criterios para identificar normas a eliminar. Entre ellas se encuentran leyes que han quedado superadas por otras más modernas, disposiciones que resultan anacrónicas frente al avance tecnológico, y regulaciones que directamente afectan libertades individuales o contradicen principios constitucionales.
El exceso de normativa no solo incrementó la burocracia históricamente, sino que también ha sido utilizado como herramienta para restringir actividades legítimas o sostener privilegios injustificados dentro del Estado. En ese marco, la “Ley Hojarasca” apunta a simplificar el sistema legal y devolver previsibilidad a ciudadanos y empresas.
Entre los ejemplos más llamativos incluidos en el proyecto aparecen regulaciones sobre microfilmación de documentos en las Fuerzas Armadas, disposiciones vinculadas a la autorización de la televisión a color o incluso la exigencia de un carnet especial para mochileros, una norma que data de la década del 70. También se identifican leyes que crean organismos que nunca funcionaron o que fueron disueltos hace décadas, pero que aún permanecen formalmente vigentes.
Otro eje central de la reforma es la eliminación de normas que imponen cargas burocráticas innecesarias. Entre ellas, la obligación de registrar mapas para usos comerciales o la creación de fondos y comisiones que no tienen actividad real. En la misma línea, el proyecto busca suprimir beneficios exclusivos para ciertos sectores políticos, como privilegios de circulación o financiamiento estatal a entidades específicas.
El envío de la “Ley Hojarasca” al Congreso se inscribe dentro de una estrategia más amplia de reformas estructurales impulsadas por la administración Milei, orientadas a desregular la economía y achicar el peso del Estado. Ahora, el debate y la sanción de la ley quedarán en manos del Poder Legislativo.
