La transparencia en el uso de los fondos públicos vuelve a ser tema de discusión en Ushuaia. Recientemente, se ha dado a conocer la Resolución S.C.D. N° 063/2024, que detalla el pago de una suma superior al medio millón de pesos desde el Concejo Deliberante a favor del concejal Valter Carlos Tavarone.
Este monto corresponde a honorarios regulados judicialmente por su intervención como abogado en una causa dirigida contra el propio Concejo Deliberante, expediente “Garramuño, Juan Ricardo y otro c/ Concejo Deliberante de Ushuaia”. Lo llamativo del caso es que Tavarone se desempeñaba como concejal mientras litigaba contra el organismo que integra.
Aunque el desembolso de los fondos fue obligatorio en cumplimiento de un fallo judicial, el punto de controversia no es la legalidad del pago, sino a quién se le pagó. El hecho de que un funcionario público perciba honorarios del Estado por actuar en contra de la institución que representa genera una zona gris difícil de justificar éticamente, encendiendo alarmas sobre los límites entre el ejercicio profesional privado y la responsabilidad pública.
