El proyecto obtuvo dictamen favorable y avanza en un contexto de fuerte tensión política e institucional, con crecientes cuestionamientos al gobierno de Gustavo Melella por la retención de fondos que corresponden por ley a los municipios.
En el caso de Ushuaia, la deuda acumulada por coparticipación ya ronda los 12 mil millones de pesos, una cifra que pone en jaque la planificación financiera, el sostenimiento de servicios y la ejecución de políticas públicas.
La iniciativa propone terminar con el actual esquema de transferencias sujeto a decisiones administrativas del Ministerio de Economía provincial y avanzar hacia un sistema automático a través del Banco de Tierra del Fuego, garantizando que los recursos lleguen en tiempo y forma.
El proyecto cuenta con respaldo político y gremial, particularmente de sindicatos municipales que vienen advirtiendo sobre el impacto que generan los retrasos en el funcionamiento del Estado local.
Sectores que acompañan la iniciativa remarcaron que “la coparticipación no es una herramienta política ni una facultad discrecional del Ejecutivo provincial, sino recursos de los municipios que deben transferirse sin demoras”.
El debate legislativo pondrá al oficialismo provincial en una posición incómoda: acompañar una ley que limita el manejo discrecional de fondos o quedar expuesto frente a intendencias, trabajadores y vecinos en medio de una creciente demanda de transparencia y previsibilidad.
La votación del jueves aparece como un punto de inflexión en la discusión por la autonomía municipal y el manejo de la caja provincial. Con dictamen favorable y presión política en aumento, el Gobierno provincial enfrenta uno de los debates más sensibles de su gestión.
