El archivo de la desmesura
La cronología de la "estafa", como la denominan los vecinos afectados, se remonta a marzo de 2021. En aquel entonces, el Gobernador Gustavo Melella anunció un ambicioso plan para garantizar 3.000 conexiones en Río Grande y 300 en Tolhuin. El objetivo declarado era ambicioso: terminar con la dependencia del tubo de gas.
Un año después, en el invierno de 2022, la Ministra Castillo ratificó el rumbo asegurando que 2.300 familias estarían conectadas antes de finalizar ese año. Sin embargo, 40 meses después de cumplirse aquel plazo, los vecinos aseguran que los caños siguen sin aparecer en las zonas prometidas.
Del anuncio al "insulto"
El punto de mayor tensión se registró en agosto de 2025. En un giro discursivo, el Gobierno desplazó la responsabilidad hacia los ciudadanos, sugiriendo que la falta de conexión se debía a una reticencia de los vecinos por el costo del servicio.
Esta declaración coincidió con la quita de los primeros 50 kilos de subsidio, agravando la situación económica de las familias que, lejos de la "comodidad" que sugiere el oficialismo, enfrentan una brecha de costos insostenible: mientras que un vecino en zona de red paga una factura de $60.000, aquellos que dependen de los tubos deben desembolsar cerca de $300.000 mensuales.
La Ley 1312 en el ojo de la tormenta
La denuncia principal que sostiene el sector afectado apunta al destino de los recursos. Aseguran que el Gobierno utilizó $1.000 millones de la Ley 1312 —originalmente destinados a infraestructura básica— para fines ajenos a las conexiones domiciliarias.
"No falta voluntad de conectarse, faltan las obras que ya pagamos con nuestros impuestos", sentenciaron los referentes del reclamo. El pedido es urgente y concreto: que el Gobernador Melella no vete la ley de suspensión y que se retome de inmediato el plan de infraestructura para devolver el servicio esencial a los barrios que hoy siguen calefaccionándose con métodos precarios y costosos.
