La llegada de las bajas temperaturas a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur suele ser motivo de preocupación logística, pero este año la alarma es social. El Gobierno provincial confirmó una reestructuración profunda en el esquema de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP), una medida que implica el recorte de la asistencia para un sector de la población justo cuando el termómetro comienza a marcar cifras bajo cero.
El fin de la universalidad en la asistencia
El secretario de Representación Política en Río Grande, Federico Giménez, fue el encargado de ponerle voz a una decisión que genera zozobra en los barrios periféricos. Según el funcionario, el Estado provincial iniciará un "análisis económico de la vivienda" para determinar, caso por caso, quiénes mantendrán el beneficio y quiénes sufrirán el recorte.
Bajo el argumento de "optimizar recursos" en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y ajuste nacional, la provincia busca segmentar a los beneficiarios. "Se realizará un cruce de datos para definir la continuidad de la asistencia", detalló Giménez, dejando en claro que el acceso al subsidio ya no será una garantía para todos los actuales usuarios.
Cifras que congelan el bolsillo
El impacto de quedar fuera del sistema de subsidios es, para la mayoría de las familias, inalcanzable. Los datos proporcionados por la propia Secretaría son contundentes:
Subsidio actual: El Estado cubre aproximadamente el 95% del valor de cada unidad.
Costo por familia: La asistencia estatal ronda $1.000.000 mensuales por grupo familiar durante la temporada invernal.
Precio de mercado: Una garrafa sin el aporte oficial ya supera los $110.000.
Entre el ajuste y la supervivencia
Para muchas familias fueguinas que no tienen acceso a la red de gas natural, la garrafa no es un lujo, sino una condición básica de supervivencia. En una región donde el invierno puede extenderse por más de seis meses y las temperaturas alcanzan niveles extremos, la calefacción y la cocción de alimentos dependen enteramente de este suministro.
La medida ha sido calificada por diversos sectores sociales como "insensible", señalando que el "análisis de vivienda" podría dejar en una zona gris a trabajadores informales o familias que, aun teniendo un ingreso mínimo, no pueden afrontar el costo real de un insumo que ha sufrido aumentos exponenciales en el último año.
Mientras la burocracia estatal avanza sobre los padrones, los vecinos de los asentamientos y barrios sin red esperan con angustia. El invierno no espera a los expedientes, y la incertidumbre sobre si habrá o no fuego en las viviendas ya es una realidad en el fin del mundo.
