La jueza electoral Mariel Zanini no emitiría este miércoles el cronograma electoral previsto por ley y decidió remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que intervenga en un expediente atravesado por múltiples cuestionamientos legales y políticos.
La decisión agrega aún más dudas sobre la viabilidad del proceso constituyente impulsado por el Ejecutivo provincial.
El expediente llega en un contexto particularmente delicado: la causa vinculada a la reforma continúa pendiente de resolución en la Corte Suprema y, además, la Legislatura avanzó recientemente con la abrogación de la ley que habilitaba el proceso de reforma constitucional.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá intervenir en el marco de la Ley N°470 y la Ley N°147. Desde el ingreso formal del expediente correrá un plazo de cinco días hábiles para emitir una opinión.
Pero incluso allí aparece un nuevo problema: no está claro quién deberá actuar como fiscal.
El cargo de Fiscal Mayor se encuentra vacante, por lo que resta definir si interviene el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, o si el expediente queda en manos de Nicolás Arias, actualmente de turno.
Mientras tanto, los plazos legales para publicar el cronograma electoral ya comenzaron a correr sin que exista una definición concreta por parte de la Justicia Electoral.
El escenario abre un fuerte interrogante político e institucional: ¿pueden realizarse elecciones constituyentes sin cronograma oficial y con el proceso judicial todavía abierto?
Por ahora, todo indica que el conflicto terminará escalando a la Corte Suprema, donde finalmente podría definirse el futuro de una reforma constitucional que nació atravesada por polémicas, cuestionamientos y una fuerte resistencia política y social.
Y mientras la incertidumbre crece, también lo hace una pregunta incómoda para el gobierno provincial: ¿hay realmente condiciones institucionales para avanzar con la reforma que impulsa Gustavo Melella?
