La operadora Roch, liderada por Ricardo Chacra, ratificó su decisión de abandonar las concesiones hidrocarburíferas Río Cullen, Las Violetas y Angostura en Tierra del Fuego. Esta salida se da en un contexto de migración de inversiones desde yacimientos convencionales hacia proyectos de mayor productividad, con el foco de la industria puesto mayoritariamente en Vaca Muerta.
A través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) —integrada también por Petrolera El Trébol, Crown Point Energía, St. Patrick Oil & Gas, Secra y Desarrollos Petroleros y Ganaderos—, la firma notificó formalmente su intención de revertir las áreas. El pedido original, iniciado a fines de 2025, contemplaba la devolución de más de la mitad de la superficie concesionada en dos de los tres bloques mencionados.
El freno administrativo y las obligaciones pendientes
Pese a la voluntad de la compañía, el Ministerio de Energía de Tierra del Fuego, bajo la conducción de Gabriela Castillo, aclaró que el proceso no es automático ni unilateral. Según la resolución oficial, la provincia mantiene suspendido el proceso de reversión hasta que se cumplan rigurosos pasos administrativos.
El Gobierno fueguino subrayó que la UTE mantiene la plena responsabilidad sobre las áreas, lo que implica:
Cumplimiento fiscal: Pago de cánones y regalías correspondientes.
Operatividad: Tareas de mantenimiento para garantizar la seguridad de las instalaciones.
Pasivos ambientales: Remediación de daños y saneamiento de los bloques.
Advertencias por falta de inversión
La gestión provincial cuestionó el desempeño reciente de Roch en materia de inversiones y alertó sobre potenciales riesgos ambientales. En consecuencia, las autoridades exigieron la presentación de informes técnicos detallados y auditorías de integridad mecánica antes de dar cualquier paso definitivo hacia la aceptación de las áreas por parte del Estado.
Este conflicto refleja una problemática creciente en las provincias petroleras del sur: el abandono acelerado de pozos maduros por parte de las operadoras, lo que deja al Estado en una posición de alerta ante la posible pérdida de empleo y el riesgo de pasivos ambientales sin resolver.
