La administración de Martín Pérez oficializó un agresivo esquema de refinanciación para intentar sanear una deuda que asciende a la cifra de $11.585.961.911,96. Sin embargo, la letra chica del acuerdo encendió las alarmas políticas: el plan se extiende por 36 meses, garantizando que el municipio deba seguir pagando incluso dos años después de que finalice el mandato actual, llegando hasta febrero de 2029.
Este movimiento es visto por diversos sectores como una maniobra para "patear" el problema financiero hacia adelante, dejando una herencia condicionada para quien asuma la intendencia tras las próximas elecciones.
Coparticipación comprometida y retención automática
El acuerdo firmado con el acompañamiento del Gobierno Provincial establece una cláusula de extrema rigidez: se autorizó el descuento automático de los fondos provenientes de la coparticipación nacional y las regalías.
Esto significa que el Banco de Tierra del Fuego retendrá el dinero de forma directa antes de que ingrese a las cuentas municipales. Con cuotas mensuales que superan los $300 millones, la capacidad operativa de Río Grande para realizar obras públicas o mejorar servicios básicos se verá drásticamente limitada durante los próximos tres años.
El detalle del "rojo" financiero
La deuda que mantiene el municipio se divide en dos grandes frentes que asfixian el sistema previsional y de salud estatal:
Caja de Previsión Social: El pasivo, sumando intereses, escala a los $8.024 millones.
Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): El saldo negativo supera los $3.561 millones.
Con este esquema, la gestión de Pérez solo absorberá el inicio del plan de pagos, dejando el cumplimiento del grueso de la deuda bajo la responsabilidad del próximo gobierno. La ciudad queda así en una situación de vulnerabilidad financiera, con sus ingresos futuros ya hipotecados y un margen de maniobra prácticamente nulo para la planificación estratégica.
