La Legislatura provincial se convirtió en un verdadero polvorín político durante las últimas horas de la noche y la madrugada de hoy. En lo que ya se califica como un durísimo e histórico revés para el plan de recortes y motosierra que se intentaba implementar sobre los servicios públicos, un bloque compacto de 11 legisladores plantó bandera, desafió las presiones de los sectores ajustadores y logró suspender la eliminación del subsidio al gas. La polémica medida, que pretendía borrar de un plumazo un derecho histórico, amenazaba con empujar a la miseria y a la precariedad habitacional a miles de familias trabajadoras de la provincia.
La tensión en el recinto se cortaba con cuchillo mientras las agujas del reloj avanzaban. En los pasillos del palacio legislativo las negociaciones fueron feroces, con cruces de alto voltaje entre quienes defendían el "equilibrio fiscal" a costa del frío de la gente y aquellos que exigían ponerle un freno humanitario al avasallamiento. Finalmente, la votación por la insistencia parlamentaria dejó sin efecto el recorte, desatando la furia de los sectores que impulsaban el ajuste y provocando un fuerte sismo político cuyas réplicas institucionales todavía son imposibles de calcular.
Afuera del edificio, y a través de transmisiones en vivo que sumaron a miles de usuarios en vilo, un pueblo golpeado por la inflación y la crisis económica seguía el minuto a minuto de la sesión exigiendo piedad a sus representantes. La jugada legislativa fue recibida en la calle como un "acto de justicia divina", mientras que en los despachos oficiales del ala más dura del ajuste el resultado cayó como una bomba de fragmentación, desnudando la debilidad política para sostener medidas antipopulares en una región con un clima tan hostil.
Con el subsidio restituido de prepo por el poder legislativo, la tregua promete ser corta. Los legisladores que encabezaron la rebelión ya preparan su próxima ofensiva: meter presión en las comisiones para redactar un proyecto de ley de fondo. Esta iniciativa buscará crear un marco regulatorio de hierro que resguarde el beneficio de por vida, impidiendo que el destino de 6.000 hogares fueguinos dependa de las decisiones arbitrarias o los caprichos fiscales del gobierno de turno. La guerra por el control de las tarifas en el sur argentino quedó declarada y el clima político está que arde.
