En un contexto de creciente malestar social, la Justicia de Tierra del Fuego intervino para frenar el cuestionado llamado a elecciones de convencionales constituyentes impulsado por el gobernador Gustavo Melella. La jueza Mariel J. Zanini dictó la nulidad del Decreto Provincial N.º 0751/26, desactivando un proceso electoral que amenazaba con profundizar la fractura política en la provincia y desviar fondos públicos millonarios hacia una discusión que la ciudadanía consideraba ajena a sus urgencias.
La resolución judicial corta de raíz el plan del Ejecutivo provincial de avanzar a marchas forzadas con la modificación de la Carta Magna. El proyecto de Melella venía perdiendo sustentación a diario, jaqueado por las críticas de diversos sectores institucionales y civiles que denunciaban el divorcio total entre las prioridades del Gobierno y las necesidades de los fueguinos. Mientras los hospitales públicos enfrentan serias deficiencias, las escuelas sufren problemas edilicios y la inflación golpea el empleo local, el oficialismo concentraba sus esfuerzos en una ingeniería electoral de dudosa urgencia.
El fallo de Zanini expone la desconexión de una iniciativa que intentó imponerse sin el consenso de la Legislatura ni el respaldo de las fuerzas vivas de la provincia. Vecinos y referentes de la oposición coincidieron en que forzar una elección constituyente en este momento económico era una irresponsabilidad política. La decisión judicial fue recibida por estos sectores como un acto de cordura institucional ante el voluntarismo del Ejecutivo.
La nulidad del decreto deja la reforma en un callejón sin salida. Al cerrarse la vía judicial para sostener la convocatoria, la gestión de Gustavo Melella queda obligada a recalcular su rumbo político y a enfrentar, de manera ineludible, los problemas estructurales de una Tierra del Fuego que ya no toleraba más dilaciones de cara a la galería institucional.
