La histórica y compleja relación entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional sumó un nuevo capítulo de alta intensidad política. La divulgación de las conclusiones del equipo técnico del organismo con sede en Washington generó un sismo en el arco político local, al poner sobre la mesa la necesidad de recortar exenciones fiscales y reconfigurar impuestos clave. Específicamente, el FMI ha solicitado formalmente que se revise el esquema del Impuesto a las Ganancias y se modifiquen las condiciones del Monotributo, dos pilares sobre los cuales se asienta la estructura tributaria del empleo y la producción independiente en el país.
El debate sobre el Impuesto a las Ganancias ha sido históricamente uno de los puntos más sensibles y volátiles de la agenda pública argentina, siendo bandera de campañas electorales y motivo de masivas movilizaciones sindicales durante la última década. El hecho de que un actor externo plantee que más trabajadores deban volver a tributar reabre heridas políticas que parecían saldadas y tensiona la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Nación, ámbito donde indefectiblemente deberían discutirse y aprobarse leyes de esta magnitud impositiva.
Los fundamentos técnicos del FMI señalan que el sostenimiento de las metas fiscales acordadas no puede depender exclusivamente del recorte del gasto público primario, sino que requiere un incremento correlativo de los ingresos fiscales. En esa línea de pensamiento, las exenciones impositivas y los regímenes de promoción o simplificación son catalogados por el organismo como "gastos tributarios" que el Estado nacional ya no está en condiciones de afrontar si pretende cumplir con los exigentes objetivos de superávit. La sugerencia de ampliar la base de Ganancias busca devolver el impuesto a una concepción de tributo universal sobre los ingresos, similar a los estándares internacionales que defiende la institución.
Por su parte, el Monotributo, que cobija a millones de prestadores de servicios, comerciantes y pequeños productores de la economía formal, se encuentra bajo la lupa por considerarse un refugio que a veces subrecauda en comparación con el régimen general de autónomos. Desde el espectro político opositor y diversos sectores de la sociedad civil ya comenzaron a oírse severas advertencias. Señalan que someter el diseño de las políticas públicas locales a las directrices de los técnicos de Washington vulnera la soberanía económica y castiga de manera desproporcionada a los sectores medios, quienes históricamente han soportado la mayor carga tributaria del país sin ver una contraprestación equivalente en servicios del Estado.
