La polémica en torno a la retención de los recursos coparticipables sumó una fuerte denuncia institucional por parte del Municipio de Río Grande. De acuerdo con lo manifestado por las autoridades municipales, el propio Gobierno de Tierra del Fuego habría reconocido formalmente que utiliza de forma deliberada el flujo de fondos pertenecientes a las comunas para financiar el funcionamiento y el sostenimiento económico de las diversas estructuras y servicios del propio Estado provincial.
El núcleo de la controversia se centra en la resistencia de la administración de Gustavo Melella a implementar de manera efectiva la denominada Ley de Goteo automático de recursos. Según la argumentación expuesta por el secretario de Gobierno local, Gastón Díaz, la justificación de la Provincia para frenar este mecanismo normativo —alegando que su puesta en marcha inmediata pondría en severo riesgo la continuidad y prestación de servicios esenciales a nivel provincial— constituye una confesión explícita y directa de que se están desviando fondos municipales asignados por ley para tapar los baches fiscales de la Provincia.
Los fondos en discusión provienen originalmente de la recaudación fiscal de origen nacional y ya fueron transferidos de manera exitosa y en tiempo forma por el Gobierno Federal hacia las cuentas del tesoro de la provincia. Sin embargo, el reclamo municipal radica en que esos montos quedan retenidos en el circuito provincial y no son redirigidos a los municipios con la celeridad que los plazos legales vigentes exigen, lo que configura una preocupante distorsión de los flujos de coparticipación previstos en el marco normativo de Tierra del Fuego.
Esta mecánica de financiamiento cruzado no autorizada es rechazada de plano por la gestión de Río Grande, donde recuerdan que las municipalidades enfrentan simultáneamente un complejo contexto generalizado de caída de la recaudación propia a nivel local, provincial y nacional. La retención de las partidas presupuestarias agudiza de forma artificial la crisis en las ciudades, forzándolas a asumir costos de gestión con recursos menguados mientras la administración central provincial se desliga de sus responsabilidades financieras de fondo a costa de los presupuestos comunales.
