La viabilidad financiera de la Municipalidad de Río Grande se encuentra en una encrucijada sin precedentes. A través de una misiva institucional, el intendente Martín Pérez intimó al gobernador Gustavo Melella a regularizar de manera urgente las transferencias en concepto de coparticipación. Según los registros contables del municipio, la deuda consolidada del Gobierno provincial con las arcas riograndenses trepó a la alarmante suma de $17 mil millones. Este pasivo no solo representa un récord histórico de endeudamiento interno, sino que expone de manera brutal la gravedad del ahogo financiero al que está siendo sometida la ciudad.
El documento enviado por Pérez detalla de manera pormenorizada el impacto de la demora en los giros. Los fondos en cuestión son la columna vertebral del presupuesto municipal: de ellos depende de forma directa el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, la ejecución del plan de obras de infraestructura vial y urbana, la asistencia social en un contexto macroeconómico complejo y el funcionamiento operativo cotidiano de toda la estructura estatal de la ciudad. Sin la previsibilidad que otorga el goteo diario y automático de la coparticipación, la capacidad de planificación y respuesta del Municipio queda severamente condicionada.
A pesar de la magnitud de la crisis financiera expuesta, el método de reclamo elegido por la intendencia abrió un fuerte debate sobre la efectividad de la gestión de Pérez. Mientras el Gobierno provincial acumula meses de retrasos y administra a discreción recursos que legalmente están destinados a los habitantes de Río Grande, la estrategia de enviar una nota formal es vista por muchos como una respuesta insuficiente. Diversos actores institucionales recuerdan que los únicos momentos en que el Ejecutivo provincial se vio obligado a rendir cuentas fue cuando el conflicto se trasladó a la Legislatura, donde la discusión política forzó compromisos reales, a diferencia de la vía administrativa que suele terminar archivada en los despachos de Ushuaia.
La situación actual enciende luces rojas de cara al segundo semestre del año. Con una deuda de $17 mil millones que continúa indexándose de facto por la inflación, la sustentabilidad del modelo de gestión riograndense está bajo amenaza. La comunidad y las instituciones locales exigen respuestas concretas y, por sobre todas las cosas, una postura política firme y decidida por parte de sus representantes ante un Gobierno provincial que retiene fondos ilegítimamente, poniendo en riesgo la paz social y el desarrollo de la ciudad.
