Un durísimo informe estadístico sobre la distribución del empleo en el país puso al descubierto los mecanismos de contención política y clientelismo que asfixian la economía de Tierra del Fuego. Los datos oficiales son incontestables: la provincia del extremo sur se consolidó como la jurisdicción con mayor peso del empleo público en toda la Argentina. La administración provincial decidió ignorar de manera sistemática los criterios de racionalidad económica, construyendo un andamiaje burocrático que ya alberga a 141 empleados estatales cada 1.000 habitantes, superando con creces a cualquier otra región del territorio nacional.
Esta situación coloca a la gobernación en una posición de total y exclusiva responsabilidad por el ahogo fiscal de la isla. El contraste con las provincias que fomentan el empleo genuino e industrial es devastador. Mientras distritos como Buenos Aires (38 empleados cada 1.000 habitantes), Santa Fe (41) y Mendoza (45) se posicionan firmemente por debajo del umbral promedio nacional de 50 trabajadores, la cúpula política de Tierra del Fuego optó por el camino opuesto, duplicando y hasta triplicando esos registros en una clara muestra de adicción al gasto público. Incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con toda su complejidad administrativa, se ubica muy por detrás con 64 agentes.
Los cuestionamientos apuntan directamente a la falta de un plan de gobierno que priorice la transparencia y la optimización de los servicios básicos. Vecinos y referentes del sector productivo local denuncian que, a pesar de semejante volumen de personal en los ministerios y dependencias oficiales, las contraprestaciones en áreas clave como salud, educación e infraestructura no reflejan esa supuesta "presencia del Estado". La sospecha de que la estructura pública fueguina se utiliza principalmente como un refugio de militancia y favores políticos cobró una fuerza renovada ante la contundencia de estas cifras, obligando al Ejecutivo a dar respuestas urgentes ante la opinión pública.
