La persistencia del gobernador Gustavo Melella por avanzar con una reforma de la Constitución provincial sumó un rechazo de altísimo impacto institucional. Su propia compañera de fórmula, la vicegobernadora Mónica Urquiza, reconoció públicamente el desatino de sostener una agenda de reforma constitucional en un contexto signado por la recesión económica, el desfinanciamiento nacional y las urgencias básicas que golpean a la población fueguina, desnudando que la obsesión reformista del mandatario carece incluso de un frente interno consolidado.
El posicionamiento de la presidenta de la Legislatura provincial se conoce mientras la Casa de Gobierno intenta revertir por vía legal los frenos que el propio parlamento le colocó al proceso electoral constituyente. Lejos de defender la cruzada jurídica de la gestión que integra, Urquiza optó por la sinceridad política: "El contexto actual modificó las prioridades políticas, hoy la discusión pasa por la situación que atraviesan las provincias", analizó, señalando el evidente desacople existente entre los despachos del Ejecutivo y la realidad socioeconómica de los contribuyentes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Para Urquiza, la discusión constituyente es un problema heredado del voluntarismo del propio Melella. "Probablemente, con el escenario que vivimos hoy, esa discusión no se habría dado", concluyó la funcionaria con una mezcla de realismo y lamento. Sus palabras exponen el aislamiento de un gobernador que ha decidido dar una batalla judicial solitaria para perpetuar un proyecto legislativo nacido en la abundancia de la pauta pública, pero que hoy choca de frente contra los índices de desempleo industrial y el ahogo financiero real de la provincia.
