El avance de la Casa Rosada sobre las propiedades territoriales de la Armada Argentina en Ushuaia sumó un nuevo foco de conflicto interno. Mientras la administración nacional defiende la política de remate bajo la premisa de "optimizar el patrimonio ocioso del Estado", en el seno de la familia militar crece el escepticismo sobre las verdaderas intenciones de la maniobra financiera. La principal duda de los mandos navales radica en la falta de transparencia y certezas sobre si los millones obtenidos por el predio de Yaganes y 44 Héroes del ARA San Juan volverán efectivamente en equipamiento y tecnología para defender las costas fueguinas.
De acuerdo con el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar vigente, la Armada debería recibir el 70% del dinero generado por la privatización de sus tierras históricas. No obstante, altos mandos de la fuerza admitieron bajo estricto reserva que, en el contexto de asfixia fiscal y licuación de partidas que sufren las provincias y las instituciones federales, "no hay ninguna garantía" de que esos recursos sean reasignados a la compra de patrulleros, radares o buques de defensa. El temor generalizado es que la venta del estratégico terreno termine financing gastos corrientes del gobierno central, dejando a Tierra del Fuego sin tierras defensivas y sin el equipamiento prometido.
El contraste entre el discurso de "eficiencia fiscal" de la AABE y el progresivo desarme del patrimonio soberano de la isla genera preocupación en el arco político local. La pérdida de estos 2.939 metros cuadrados se lee en la provincia como un retroceso peligroso para el desarrollo de la logística antártica civil y militar, en un momento donde las potencias extranjeras aumentan de forma constante su presencia y su interés estratégico sobre los recursos naturales y las rutas marítimas del extremo sur del continente.
