La indignación de los vecinos de Ushuaia alcanzó su punto crítico este fin de semana. Mientras familias enteras debieron soportar un apagón prolongado de más de 14 horas continuas con temperaturas que superaron los diez grados bajo cero, en los despachos de la Dirección Provincial de Energía (DPE) se rubricaban pagos millonarios en concepto de "horas extras" para la cúpula administrativa. La profunda brecha entre el sufrimiento de la población a oscuras y los privilegios salariales de la conducción ha provocado un fuerte repudio social e institucional.
El foco del escándalo se centra en la resolución firmada por el vicepresidente a cargo de la presidencia de la DPE, Manuel Álvarez, mediante la cual se autorizó la liquidación de más de diez millones de pesos mensuales —exclusivamente en horas extras— a cuatro directores de la institución: Adrián Beley, Cintia Fernández, Andrea Arias y Alba Caicheo. La gravedad de la situación radica en que ninguno de los beneficiarios forma parte del personal técnico o de los operarios de cuadrilla que arriesgan la salud a la intemperie para reparar las redes; se trata de funcionarios jerárquicos que cumplen tareas puramente administrativas en la sede de la calle Lasserre, de 8 a 15 horas.
Esta asignación desmedida de recursos públicos en favor de la burocracia central expone el desmanejo presupuestario de la DPE bajo la gestión gubernamental de Gustavo Melella y la conducción de la ministra de Energía, Gabriela Castillo. Mientras la ciudadanía debe "rezar" para que la luz no se vuelva a cortar y las empresas locales pierden miles de pesos por la parálisis del servicio, la conducción del ente regulador prioriza el reparto de adicionales millonarios entre sus propios directores, dejando en evidencia una alarmante falta de empatía y de control en la asignación del gasto público.
