La consolidación del proyecto petrolero "León Marino" en la cuenca norte de las Islas Malvinas representa una amenaza directa a los intereses económicos y ambientales de la Nación. Con una reserva estimada en más de 1.700 millones de barriles de petróleo, la corporación británica Rockhopper Exploration y sus socias internacionales avanzan a paso firme en las etapas de perforación y desarrollo de infraestructura offshore, proyectando volcar las primeras toneladas de crudo al mercado global para 2028. Este megaproyecto, ejecutado en aguas argentinas bajo licencias ilegítimas, consolidará la autonomía financiera de la administración colonial británica a costa del patrimonio nacional.
A la par del desarrollo hidrocarburífero, el esquema de expoliación se complementa con la prórroga de licencias pesqueras hasta el año 2047. El otorgamiento de derechos de captura por 25 años a potencias pesqueras de Asia y Europa no solo bloquea cualquier intento de regulación conjunta de la biomasa marina, sino que consolida un enclave de saqueo financiero que perjudica de manera directa a la industria pesquera radicada en Mar del Plata, Puerto Madryn y la provincia de Tierra del Fuego.
Diversos juristas y expertos en soberanía de nuestra provincia han levantado la voz para denunciar la complacencia de las autoridades nacionales. Mientras el Gobierno argentino promueve internamente la flexibilización de controles y la apertura de licitaciones petroleras continentales con participación de capitales británicos, el Reino Unido avanza de forma unilateral en la apropiación de recursos que pertenecen al pueblo argentino. La falta de sanciones diplomáticas efectivas, demandas judiciales internacionales y presiones a las corporaciones pesqueras y petroleras involucradas evidencia un repliegue soberano que entrega, de hecho, el control económico de la Plataforma Continental.
