La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) salió al cruce de la Casa Rosada y manifestó un enérgico repudio al esquema de controles impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Desde la cartera nacional pretenden enviar inspecciones a las escuelas durante las jornadas de protesta, amparándose en la declaración de la educación como "servicio esencial".
Desde la conducción sindical cuestionaron con dureza la maniobra, calificándola como un intento explícito de vulnerar los derechos laborales y amedrentar a los docentes en el marco de sus reclamos salariales.
Según remarcaron desde el gremio, la medida atenta directamente contra:
El rango constitucional: El derecho a huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Convenios internacionales: Los tratados 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con rango constitucional en la Argentina.
Criterios globales de la OIT: El organismo internacional ha dictaminado formalmente que la educación no configura un servicio esencial en términos que justifiquen restringir la acción sindical.
Invasión de jurisdicción provincial
Asimismo, la UEPC enfatizó que la iniciativa nacional es legalmente inaplicable en territorio cordobés. La administración de las escuelas —tanto públicas como privadas— es una competencia delegada a las provincias, por lo que la relación laboral se rige exclusivamente bajo leyes y autoridades locales.
"El Ministerio de Capital Humano carece completamente de facultades para intervenir, auditar o impulsar sanciones sobre el personal que depende de la jurisdicción provincial", advirtieron desde la organización sindical.
Frente a lo que definieron como una estrategia de intimidación para debilitar las medidas de fuerza, el gremio ratificó que continuará en la defensa del salario y las condiciones de trabajo, sosteniendo que ninguna presión gubernamental podrá reemplazar a la negociación colectiva.
