VILLA DOLORES. Con una fuerte expectativa política y social en toda la provincia, dio inicio en los tribunales de Villa Dolores el juicio oral y público contra el exlegislador provincial y expresidente provisorio de la Unicameral, Oscar González. El histórico referente político enfrenta el proceso acusado por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en la ruta de las Altas Cumbres.
El hecho ocurrió a la altura del paraje Niña Paula, cerca de Mina Clavero, cuando la camioneta BMW X1 conducida por González colisionó de manera frontal contra un Renault Sandero en el que viajaba la docente Alejandra Bengoa (56) junto a su hija Marina y su amiga Alexa.
Como consecuencia del impacto, Bengoa falleció de manera instantánea, mientras que las dos adolescentes sufrieron politraumatismos severos con secuelas irreversibles.
Velocidad, sobrepaso y pericias en la mira
El tribunal, encabezado por el juez Santiago Camogli junto a la fiscal Analía Gallaratto, juzga la mecánica del siniestro. La pericia técnica oficial determinó que la camioneta manejada por el exfuncionario invadió la mano contraria a 83 km/h en una zona con doble línea amarilla, impactando contra el vehículo de las víctimas, que circulaba a 64 km/h.
La acusación y la defensa mantienen posturas totalmente opuestas:
Fiscalía y querella: Llega imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas (penas de hasta 6 años de prisión). Sin embargo, la querella solicitará el cambio de carátula a homicidio simple con dolo eventual, lo que elevaría la escala penal a un mínimo de 8 años de cárcel.
La defensa: Representada por Miguel Ortíz Pellegrini, pedirán la absolución de González, sosteniendo que la responsabilidad recayó sobre la conductora fallecida tras una supuesta maniobra indebida.
El impacto político e institucional
Más allá de la responsabilidad penal en el choque, el caso reabrió un intenso debate sobre los privilegios del poder. Al momento de la colisión, un día sábado por la tarde, González se dirigía a su residencia particular a bordo de un vehículo de alta gama judicializado que había sido entregado a la Legislatura para fines oficiales.
Tras el rechazo de las familias de las víctimas a una propuesta de resarcimiento económico para evitar el juicio (probation), el histórico dirigente deberá responder en audiencias donde declararán decenas de testigos antes del veredicto final.
