El circuito contable del Municipio de Río Grande enfrenta duras acusaciones tras salir a la luz la Resolución presupuestaria mediante la cual reintegra $330.342.408,63 al Grupo Mirgor. La firma alegó un error operativo propio al transferir los fondos a las arcas públicas, pero la controversia escaló al confirmarse que el Ejecutivo municipal dispuso libremente de ese capital antes de formalizar la devolución solicitada.
Especialistas en administración pública remarcan que el Municipio no puede operar como una entidad bancaria ni recibir fondos de privados sin un respaldo legal o tributario claro. Al no devengar intereses ni penalidades por el uso del dinero durante el período de retención, la operación benefició a la gestión de Martín Perez con liquidez inmediata a costo cero, en detrimento del rigor contable que exige la normativa municipal.
Mientras desde el Ejecutivo local intentan minimizar la situación calificándola como un mero "trámite de regularización", en el ámbito político fueguino la lectura es contundente: la gestión Perez se financió con recursos de la misma empresa a la que hoy evita cuestionar con firmeza por el despido masivo de trabajadores. La falta de transparencia sobre el destino final de esos $330 millones incrementa el costo político sobre el Intendente en su carrera hacia la gobernación.
