La embarcación, proveniente de un registro dependiente de Gran Bretaña, permanece en el muelle capitalino mientras se multiplican los pedidos de informes dirigidos a la intervención designada por la gestión de Javier Milei.
El traspaso de facultades desde el ámbito provincial hacia la intervención nacional modificó los esquemas tradicionales de supervisión sobre las operaciones portuarias. En este marco, la designación de referentes libertarios en los cargos directivos del puerto —como el caso de Fernando Polizzi, impulsado en el esquema político del senador Agustín Coto— concentró la responsabilidad del control operativo en la administración central, que hasta el momento optó por el hermetismo frente a las consultas de la prensa y de la ciudadanía.
Dirigentes y organizaciones locales remarcaron que el Puerto de Ushuaia representa un enclave geopolítico fundamental para la proyección antártica y la soberanía sobre el Atlántico Sur. Frente al mantenimiento de la usurpación británica en las Islas Malvinas, consideran inadmisible que un petrolero de estas características opere en aguas territoriales sin un registro transparente de sus actividades. La exigencia unánime busca reafirmar que la soberanía no admite concesiones y que el patrimonio portuario pertenece al pueblo fueguino.
