El secuestro del vehículo del comisario Ariel Amarilla en la ciudad de Río Grande expuso una controversia que vincula el accionar policial con el ámbito político municipal. El jefe de la Comisaría Primera colisionó su automóvil particular contra una columna de alumbrado en plena vía pública, en un hecho que derivó en la intervención de la guardia de tránsito y la posterior confirmación de un dosaje de 0,5 g/l de alcohol en sangre.
El procedimiento administrativo derivó en la retención del rodado por parte de las autoridades competentes, al comprobarse además que el conductor no contaba con el registro habilitante al día. Sin embargo, la posterior ausencia de notificaciones institucionales respecto al caso encendió las alarmas sobre un posible manejo discrecional de la información para resguardar la figura del comisario y su relación con el intendente Martín Pérez.
El hecho ha provocado reacciones cruzadas respecto a la igualdad ante la ley y la ética en la función pública. El historial de Amarilla como exinstructor de sumarios por faltas éticas en la policía añade gravedad al episodio, en momentos donde la ciudadanía y diversos sectores institucionales exigen que se aclare si existieron presiones o directivas para ocultar lo sucedido a la opinión pública.
