La interpretación técnica expuesta por el interventor del Puerto de Ushuaia, Juan Avellaneda, encendió las alarmas de diversos sectores institucionales sobre la efectiva aplicación de los marcos legales que protegen la soberanía argentina en el Atlántico Sur. El funcionario defendió el amarre del barco petrolero al aseverar que sus tareas se desarrollan exclusivamente dentro de la cuenca austral y no en la zona delimitada por el archipiélago malvinense.
A la argumentación geográfica, Avellaneda sumó la precisión de que el pabellón de la embarcación corresponde a la Isla de Man y no estrictamente a Gran Bretaña. Esta distinción fue refutada por juristas y referentes provinciales, quienes recordaron que la mencionada isla integra las dependencias directas del soberano británico, constituyendo un vínculo político indiscutible con la potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.
El cruce de posturas ocurre en momentos en que la administración del muelle de la capital fueguina permanece bajo la tutela de funcionarios designados por la Casa Rosada. La falta de informes públicos detallados previa al arribo de la nave, sumada a la respuesta oficial brindada desde la conducción del muelle, incrementó los reclamos para que se aclare el marco regulatorio aplicado y se garantice el estricto cumplimiento de la legislación provincial.
