María Emilia Abdelnabe es dirigente política de la ciudad de La Calera y vecina del exclusivo barrio cerrado La Rufina. En sus redes sociales se define como abogada litigante y mediadora, además de desempeñarse como vicepresidenta del partido local Movimiento de Unidad Calerense.
Su trayectoria pública comenzó en las filas del PRO, donde adhirió activamente a las referencias nacionales de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
En ese marco, llegó a integrar la boleta como candidata a concejala junto a Ariel Mealla —dirigente del mismo espacio—, con quien compartió armados y actividades proselitistas junto a referentes provinciales del radicalismo como Mario Negri y del PRO como Héctor Baldassi en 2019. Sin embargo, ese vínculo se quebró tras el distanciamiento producido cuando Mealla fue denunciado por la presentación de más de 500 afiliaciones truchas al partido.
Del sello propio al viraje "cordobesista"
Tras la fallida experiencia en la estructura del PRO, Abdelnabe se reconfiguró a través del Movimiento de Unidad Calerense, una fuerza política con un marcado esquema familiar: mientras ella ejerce la vicepresidencia, su esposo, Antes Rodoban Zadro Pesquera (inspector de la ex AFIP), detenta la presidencia, y uno de sus hijos llegó a ocupar el cargo de tesorero.
Bajo este sello, Abdelnabe se presentó como candidata a intendenta de La Calera en los últimos comicios locales, obteniendo un 3.2% de los votos, un caudal insuficiente para acceder a una banca en el Concejo Deliberante.
Frente a la falta de representación territorial directa, la dirigente dio un giro estratégico en su posicionamiento, alineando su espacio al oficialismo provincial. Tras celebrar la victoria del gobernador Martín Llaryora y la vicegobernadora Myrian Prunotto, Abdelnabe pasó a defender abiertamente la gestión provincial y a compartir espacios de articulación con sus principales militantes digitales.
La cruzada contra la gestión de Rambaldi
Esta nueva adscripción política derivó en una agenda focalizada de forma casi exclusiva en la judicialización y denuncia pública de la gestión municipal encabezada por el intendente Fernando Rambaldi. El actual jefe comunal, referente de Encuentro Vecinal Córdoba, llegó al poder tras derrotar en las urnas a la familia Rufeil —quienes gobernaron la ciudad durante años—, en el marco de una alianza que incluyó a sectores del PRO y del radicalismo; espacios que Abdelnabe supo integrar en el pasado pero de los que hoy se encuentra distante.
A partir de allí, el accionar de Abdelnabe se ha centrado en una seguidilla de presentaciones judiciales y mediáticas que omiten aspectos clave de la realidad municipal:
Pago del agua a Colón Punilla S.A.: Denunció penalmente al intendente por la retención de pagos a la prestataria, afirmando haberse enterado por un comunicado en redes sociales. Omitió señalar que la ciudad pagó durante meses una sobrefacturación del servicio y que la gestión municipal busca recuperar esos fondos para las arcas locales.
Reforma del Código Electoral municipal: Sostuvo que la nueva ordenanza busca darle al Ejecutivo el control de la junta electoral. Sin embargo, la norma establece que la autoridad electoral esté compuesta por funcionarios judiciales con residencia en la ciudad —sobre los cuales el municipio no tiene injerencia—, reemplazando el viejo sistema conducido por directivos escolares. Se trata de un avance institucional clave para una ciudad que llegó a detectar más de 500 personas fallecidas en su padrón.
Repavimentación de la Av. Simón Bolívar: Planteó que la obra carece de planificación y perjudica a los frentistas, silenciando el compromiso asumido por el Gobernador hace más de un año para ejecutar la rotonda de la Ruta E55 a través de Caminos de las Sierras —con fondos del peaje— para mitigar el impacto vial, obra que aún no inició.
Seguridad: Atribuyó a la intendencia la responsabilidad por hechos delictivos en la ciudad, obviando que la prevención y el mando de las fuerzas policiales son competencia exclusiva del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Conflicto ambiental en Cuesta Colorada: Replicó la denuncia penal impulsada por Lanwork, una de las ocho empresas intimadas a cesar actividades contaminantes en la zona. Las otras siete firmas se relocalizaron o iniciaron el proceso, mientras que solo una optó por la vía judicial sin sustento, encontrando en la dirigente una caja de resonancia.
Acuerdos políticos y peaje: Acusó en redes la existencia de un supuesto pacto entre el legislador Rodrigo Rufeil y el intendente Rambaldi para ceder el control del Concejo Deliberante a cambio de frenar la lucha contra el peaje. En los hechos, la disputa por el peaje continúa y el peronismo judicializó la conformación del cuerpo legislativo.
Basural de La Campana y sanidad hídrica: Denunció el predio de La Campana, omitiendo que fue la gestión de Rambaldi la que clausuró el basural a cielo abierto y comenzó la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos junto al Ente Metropolitano. Asimismo, criticó volcamientos en la planta de La Otra Banda, sin mencionar la inversión municipal de más de 250 millones de pesos en bombas y maquinaria para frenar el vertido de líquidos cloacales al río Suquía.
Plan Hídrico y servicios de salud: Acusó la falta de un plan hídrico en un contexto donde el municipio logró contener los aumentos de tarifa por debajo de la inflación pese a incrementos de costos superiores al 2700%. También difundió que la Municipalidad retiró la cobertura de emergencias médicas en escuelas provinciales, sin aclarar que dicho servicio le corresponde a la Provincia.
Ataques personales y falsos traslados: Aseguró que el intendente se había mudado de Cuesta Colorada al barrio cerrado La Rufina, afirmación que no pudo sustentar con pruebas o registros.
Episodios en la Laguna Azul: Atribuyó a la gestión municipal responsabilidades por fatalidades en la Laguna Azul a raíz de las habilitaciones turísticas, silenciando que, por primera vez en la historia del municipio, el espejo de agua cuenta con un cuerpo de guardavidas profesional.
Calendario de denuncias penales
El uso de la vía judicial como herramienta política se consolidó en el primer tramo del año con una seguidilla de presentaciones:
Febrero: Denuncia penal contra el intendente por supuesto abuso de autoridad.
Marzo: Nueva denuncia penal por presunta malversación de fondos vinculada a la administración del agua.
Abril: Ampliación de denuncias penales dirigidas tanto al intendente como a los concejales que votaron la sanción del nuevo Código Electoral.
El costo institucional del método
Cada presentación carente de sustento genera un costo operativo directo: consume recursos de fiscales, jueces y personal del Poder Judicial que deben desviar su atención de investigaciones de delitos reales. Presentaciones orientadas a la búsqueda de minutos de cámara que concluyen en expedientes archivados.
La Calera demanda una oposición con capacidad de control, debate y formulación de alternativas. Lo que la institucionalidad local no requiere es la conversión de la actividad política en un dispositivo de denuncias automáticas ni el uso de los tribunales como agencia de prensa personal.
Sorprende, además, que esta permanente indignación no se haya manifestado frente a causas y figuras provinciales de público conocimiento, como los casos Barrelier, Ricardo Moreno, Guillermo Kraisman o Ramón "Cañito" Flores.
Frente a este panorama, el interrogante final resulta ineludible: si mañana Fernando Rambaldi se retirara de la escena política, ¿qué propuesta o diagnóstico le quedaría por ofrecer a Emilia Abdelnabe sobre el futuro de La Calera?
