La opacidad con la que el Municipio de Río Grande ha abordado los recientes fallos en su red de datos reabrió la controversia en torno a la custodia del dinero público y los estándares de ciberseguridad estatales. La combinación de demoras salariales, caídas de servidores y la repentina eliminación de información sensible en el sitio oficial puso en la mira las respuestas emitidas por el equipo de gestión del intendente Martín Pérez.
El foco del reclamo radica en la falta de certezas sobre el destino y estado de los registros financieros luego del incidente informático. El hecho de que los expedientes digitales sobre los $330 millones transferidos por Mirgor hayan quedado inaccesibles para la ciudadanía genera un precedente peligroso en materia de acceso a la información pública y control republicano de las cuentas del Estado.
Si bien referentes del Gabinete como Gonzalo Ferro negaron que el portal estuviese fuera de servicio, la comprobación técnica diaria demuestra constantes caídas y errores de conexión que imposibilitan la navegación fluida y la verificación de balances. Esta contradicción entre el discurso oficial y la experiencia de los usuarios profundiza la desconfianza generalizada.
En una administración de fondos que supera los cientos de millones de pesos, las explicaciones abstractas resultan inaceptables. La ciudadanía y las instituciones locales exigen la intervención de peritos expertos, la publicación de informes sobre copias de seguridad de las partidas contables y una rendición de cuentas clara que demuestre que la información financiera de la ciudad sigue siendo 100% auditable.
