El Concejo Deliberante de Río Grande dio luz verde a la ampliación presupuestaria por más de $20.000 millones de pesos requerida por el Ejecutivo comunal, en una sesión que dejó al descubierto fuertes contrapuntos sobre la transparencia financiera y la proyección de cuentas públicas de la gestión municipal.
El análisis del proyecto por parte del concejal Maxi Ybars (UCR) expuso una notoria brecha entre el diagnóstico fiscal que el Ejecutivo comunica a los vecinos y el cálculo contable que remite a los legisladores comunales. Mientras la retórica oficial aduce una coyuntura caracterizada por la recesión, la pérdida de coparticipación y la merma en el cobro de tasas, la memoria descriptiva de la ampliación justifica la adición de fondos mediante la suposición teórica de un alza en los ingresos tributarios y en las regalías provinciales.
Para el arco opositor, esta duplicidad en el discurso gubernamental resulta preocupante. La aprobación de un marco de gastos sin una contrapartida real y verificable de recursos liquidados en la Tesorería municipal abre la puerta a un desfasaje financiero que impactará sobre la capacidad operativa de la ciudad.
Por estos motivos, se anticipó un control estricto sobre el devengado de las partidas ampliadas. El objetivo de las advertencias legislativas es frenar la asunción de compromisos económicos en caso de que la recaudación efectiva continúe en declive, evitando así que la brecha entre lo proyectado y lo percibido derive en un ciclo de endeudamiento que comprometa los recursos de los riograndenses en los próximos años.
