La autorización oficial que permite el fondeo de embarcaciones de bandera británica en el Parque Nacional Tierra del Fuego consolida una matriz de gestión caracterizada por la incoherencia entre las palabras y los actos. La llamada “doble vara” del oficialismo queda expuesta cada vez que las necesidades del negocio turístico de elite y las concesiones a potencias extranjeras colaman con el discurso altisonante de defensa de la patria.
Permitir que buques registrados en territorios británicos de ultramar operen con total impunidad en Bahía Lapataia —ignorando informes técnicos internos que advertían sobre daños ecológicos irreparables— demuestra que la soberanía suele reducirse a un eslogan de marketing político. Mientras se apunta con dureza a adversarios políticos bajo consignas nacionalistas, la administración real de los recursos estratégicos provinciales se pliega a los intereses de corporaciones extranjeras y de magnates internacionales.
La reiteración de estos permisos en suelo fueguino no solo normaliza la presencia británica en una provincia insular y bicontinental, sino que evidencia el doble rasero con el que se gobierna: rigor discursivo para la tribuna y vía libre para los privilegios de los sectores más concentrados y de banderas extranjeras en áreas protegidas.
